Ascenso de la extrema derecha amenaza con “mano dura” el pacto migratorio europeo

El ‘Informe África 2024’ vincula el ascenso de la ultraderecha en Francia, Países Bajos o Portugal con un mayor riesgo para el respeto a los derechos sociales

Tras las elecciones europeas previstas para junio, Europa podría inclinarse hacia políticas migratorias más estrictas, impulsadas por el aumento proyectado de partidos de extrema derecha, según el ‘Informe África 2024’ de la Fundación Alternativas de España.

El estudio, presentado recientemente, asocia el ascenso de la ultraderecha en países como Francia, Países Bajos o Portugal con un mayor riesgo para la aplicación del Pacto de Migración y Asilo Europeo.

Este pacto, que será debatido y votado en la Eurocámara los próximos días 10 y 11 de abril, es considerado por Vicente Palacio, Director de Política Exterior de la Fundación Alternativas, como un consenso mínimo que ha dejado insatisfechos a muchos europeos, y que en África tiene poco apoyo.

Los autores del informe advierten que una implementación deficiente del acuerdo afectaría principalmente a los migrantes africanos, que representan una proporción significativa de los extranjeros en la UE.

En el último año, FRONTEX interceptó a más de 120,000 personas que intentaban llegar a Europa desde África, mientras que más de 6,500 murieron en el intento, según la ONG Caminando Fronteras.

Los factores que impulsan esta migración incluyen la pobreza, el cambio climático y la inseguridad, exacerbados por la inestabilidad política en el Sahel, como el golpe de Estado en Níger.

Ultraderecha en ascenso
Los sondeos sugieren que los partidos de extrema derecha podrían obtener más escaños en el Parlamento Europeo, con un discurso que vincula la inmigración con la erosión de los derechos sociales, la inseguridad ciudadana y una amenaza a los valores cristianos y occidentales.

Este enfoque, denuncia la Fundación Alternativas, va más allá del marco ideológico tradicional.

Por otro lado, el Pacto de Migración y Asilo Europeo, alcanzado en diciembre de 2023, establece un procedimiento común y acelerado para solicitantes de asilo, mecanismos de solidaridad en el reparto de migrantes y centros de detención en las fronteras.

Sin embargo, organizaciones como Oxfam Intermón o Amnistía Internacional lo critican como una externalización de responsabilidades y un debilitamiento de los principios de derechos humanos clave.